Estas son las cifras contabilizadas por el RHDP (partido del presidente electo, Alassane Ouattara) hasta la fecha, balance de las violaciones de derechos humanos y acciones violentas cometidas por el gobierno y los partidarios del presidente saliente Laurent Gbagbo desde el inicio de la crisis post-electoral:
- 495 muertos (296 según el recuento más conservador de la ONU)
- 6 fosas identificadas
- 1.124 heridos, de ellos 199 graves y 23 aún hospitalizados
- 825 militantes arrestados, de los cuales 51 permanecen detenidos y 100 desaparecidos.
A pesar de todo se sospecha que sean incluso inferiores a las reales, habida cuenta de la dramática situación que en particular atraviesa el populosísimo barrio de Abobo, en Abidjan, sometido todavía a un riguroso toque de queda, prácticamente inaccesible para las propias fuerzas del orden, y donde se suceden los enfrentamientos desde hace varias semanas.
A estas cifras hay que añadir numerosos casos de violaciones y, según señala la OIM (Organización Mundial de las Migraciones) y ACHNUR en torno a 80.000 desplazados en todo el país, de los cuales unos 42.000 lo habrían hecho hacia el interior y el resto hacia países vecinos: 35.000 a Liberia, unos 2.600 a Mali, 1.800 a Guinea y el resto a Burkina, Benin, Níger y Togo.
Por encima de los acontecimientos políticos (que siguen en un impasse, a expensas de las gestiones hasta final de mes de la delegación de la Unión Africana), incluso del preocupante tsunami económico que amenaza de forma inminente a todos los ciudadanos, es de justicia destacar y denunciar el gravísimo atentado contra la libertad y los derechos humanos del pueblo de Costa de Marfil perpetrado por el presidente saliente y sus secuaces.